Comunicado SINTTAEDUCASTUR 31-7-2020

La sección sindical SINTTAEDUCASTUR del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración informa.

SINTTA es una organización sindical cuyo principal objetivo es la lucha por la estabilidad del personal temporal contratado en fraude de ley, pero no por ello podemos, ni debemos dejar de hacer una valoración constructiva de la situación actual. 

Adjudicación de Interinos

Vista la primera adjudicación de interinos de educación del curso 2020-2021, SINTTA denuncia el error sistémico y endémico que sucede en la primera convocatoria de personal interino. Da igual que el titular de la consejería se llame Ana, Genaro o Carmen, tenemos claro que es un problema de organización y económico. Siempre hay excusas para que el curso nunca comience con todo el personal docente necesario, errores informáticos, minoración de la oferta por motivos económicos, no se ha cerrado matricula etc… 

Es algo que la Consejería debería subsanar de urgencia, porque vulnera derechos del personal interino que luego acaban dirimiéndose en los juzgados con el dinero de los contribuyentes. ¿Tan difícil será hacer las cosas bien? 

Se inicia el curso con una convocatoria insuficiente, de 3150 puestos docentes, de los cuales han sido adjudicados 2985, cuando en octubre del año pasado la señora consejera afirmo en la Junta del Principado " …que en el ámbito del personal funcionario docente hay hasta 3.619 interinos pero un total de 11.691 funcionarios….”, computando únicamente a los interinos que están ocupando puestos vacantes y no sustituciones, a los que habrá que sumar las vacantes producidas por jubilación durante el pasado curso . 

Ante el evidente desfase de la convocatoria y las necesidades reales, que repite los mismos errores que en 2010, se hace urgente un adelanto de la segunda convocatoria a mediados de agosto, dando la posibilidad de mejora a los ya adjudicados 

Situación pandémica e inicio de curso 

Por otro lado, queremos destacar la labor del personal docente fijo e interino de la Consejería de Educación del Principado que ha tenido que improvisar y reinventarse para sacar al alumnado asturiano y el curso académico adelante. Para ello, no han dudado en formarse, aportar su propio material, equipamientos informáticos y de telecomunicaciones, realizar horas extras, pasar noches de insomnio y hasta permitir la intrusión de cámaras en los domicilios particulares. 

Sin aprecio alguno de la enorme labor realizada por parte de la Consejería, toda la comunidad educativa ha asistido a una serie de decisiones no justificables por la pandemia, sino por la desorganización, falta de previsión y una caótica política de comunicación de esta Consejería. El problema no es de comprensión lectora, todas/os tenemos claro que hacer, el problema radica en cómo hacer viable las instrucciones, si no se dotan a los centros de material y personal necesario. 

Teniendo en cuenta que, en el arranque del nuevo curso, la prioridad absoluta debe ser la salud pública, transmitimos la inquietud entre el colectivo docente por el riesgo exponencial para nuestra salud, ya que además muchos somos madres o padres de hijos en edad escolar o tenemos personas mayores a nuestro cargo. 

Estos días, los medios de comunicación recogen las enormes dudas y preguntas sin respuesta que ha generado a progenitores, docentes, bedeles, personal administrativo y equipos directivos el genérico protocolo de vuelta a las aulas consensuado a nivel nacional. Todas ellas cuestionando seriamente la credibilidad y la viabilidad de aplicación de dicho protocolo, porque básicamente, no hay garantías para la salud en la apertura de las aulas. Solo hemos de recordar que el primer muerto por Covid en Asturias fue un docente y los primeros lugares donde se empezó a notar la presencia del virus fueron los centros educativos asturianos. 

Entendemos que en este momento hay decisiones difíciles de valorar y de tomar. Es fácil criticar y pedir responsabilidades a quien también tiene que acatar directrices acordadas por un ministerio, unos responsables de Salud Pública, un Consejo de Gobierno Autonómico y una situación económica y vírica de dudosa evolución. Pero si en septiembre empiezan las clases y al poco cerramos los centros, como ha ocurrido en Israel, la responsabilidad recaerá sobre quienes no hayan garantizado recursos para mantenerlos abiertos con seguridad. 

Así por el bien de la salud pública rogamos a la Consejería que ponga un especial énfasis en la protección de la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa con una estricta aplicación de la ley de salud laboral. Rogamos no rompa el diálogo con la comunidad educativa y juntamente con las OOSS de la Junta de Personal Docente trabajar unidos para salvaguardar la salud pública. 

Al resto de OOSS transmitirles que creemos que este es un momento para realizar un trabajo consensuado de mejoría del marco general de inicio de curso establecido, dejar al lado las diferencias sindicales y llegado el caso exigir el cumplimiento y la aplicación de los artículos 19 y 23 de la ley de riesgos laborales. Objetivo que parece complicado ante la parálisis del pleno y la Comisión Permanente de la Junta de Personal desde el inicio del confinamiento.

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