SINTTA rechaza el borrador de acceso a la función pública docente.

 SINTTA rechaza de plano el nuevo borrador de acceso a la función pública docente y exige el cumplimiento de las directivas europeas y sentencias del TJUE

En la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación celebrada el día 21 de diciembre de 2021 la Administración ha propuesto a los sindicatos con presencia en la misma (ANPE, CC.OO., UGT, CSIF, STEs-i, CIG y ELA), el traslado de la trasposición de la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público (“Icetazo”) al sector docente no universitario.(Ver entrada posición de SINTTA ante esta ley), mediante un borrador de la propuesta de modificación del RD 296/2007 (Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades) que os adelantamos en una entrada anterior

Ahora los culpables de esta vergonzosa situación, (administración y sindicatos consentidores del sector educativo), tienen prisa en su intento en transponer una norma nacional (aun no publicada) a un sector concreto como es el educativo, cuando han tardado más de 20 años en un intento de transponer la Directiva 1999/70 a una norma nacional a través de la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que a nuestro entender está lejos de cumplir con la directiva 1999/70, ni las sentencias de 19 de marzo de 2020, ni la de 3 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Adjuntamos el segundo borrador del nuevo RD (en rojo los cambios respecto al primero), base de la negociación en la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación.

La fecha prevista para publicar el nuevo RD de acceso es febrero o marzo, lo que condiciona que todas las oposiciones publicadas con anterioridad (caso de Asturias, Baleares y Navarra, "curiosamente con gobiernos del PSOE") tendrán que regirse por el RD 276 /2007 en caso de convocar únicamente vacantes de “reposición”.

SINTTA nace con el objetivo de denunciar el fraude masivo de contratación temporal en las administraciones públicas, llevamos años en esta lucha y no solo hemos denunciado públicamente la situación, sino que hemos aportados soluciones factibles y a coste 0, basadas en la máxima PRIMERO SOLUCIONES Y LUEGO OPOSICIONES bajo tres principios básicos como la inspección de los trabajadores en fraude de contratación, el resarcimiento de estos y la sanción a la administración incumplidora.

Nos llamaron locos cuando planteábamos la problemática ante la propia administración del fraude en la contratación temporal. De primeras nos dijeron que no existía fraude, para años después reconocer públicamente, (obligados por Europa), que por lo visto si lo había, pero que aún hoy siguen sin muchas ganas de contabilizarlo, (ya lo dijo ICETA, unas 300000 personas, según sus criterios subjetivos de fraude en la contratación temporal).

Por eso SINTTA lleva años exigiendo la fiscalización e inspección y una auditoria publica de las personas contratadas en fraude de ley en las administraciones públicas.

Una vez reconocido públicamente el fraude, la administración y sindicatos afines han intentado minorar el volumen del fraude, jugando con las cifras. Conocedores que sin una auditoria e inspección es complicado fiscalizar el volumen del fraude, pero como muestra la hemeroteca, en sus declaraciones públicas, estas cifras han ido evolucionando siempre al alza.

La sección sindical SINTTAEducastur a través del portal de transparencia del Principado de Asturias  ha obtenido de la propia administración educativa asturiana el reconocimiento de que al menos 865 docentes cumplen con los criterios de fraude en la contratación laboral temporal marcados por la sentencia del 19 de marzo de 2020 del TJUE (más de tres años de concatenación de contratos), PA/159/2021/662, mientras el Sr Cofiño en sede parlamentaria informa públicamente que solo hay 200 destinos docentes ocupados por personas en fraude de contratación, (según sus propios criterios de fraude), Informe que en virtud del derecho que nos asiste le hemos solicitado, sin respuesta, por no variar),.Ver entrada Cofiño vive en una realidad paralela

En todo este proceso los generadores del problema, (la propia administración y los sindicatos afines que la han consentido), han empezado a confundir de manera intencionada la sanción a un fraude laboral masivo con el derecho de acceso a la función pública. Ya sabéis aquello de igualdad, mérito y capacidad obviando que todo funcionario público accede con procesos que cumplen estos principios, lo contrario se llama prevaricación.

También a no distinguir de manera interesada los distintos tipos de interinidad metiendo en el mismo saco la interinidad legal, necesaria para el funcionamiento de la administración y la interinidad ilegal endémica que debe ser erradicada, resarciendo a las personas abusadas y con sanciones suficientemente disuasorias para que la administración incumplidora no repita la contratación ilegal.

SINTTA ha propuesto y promovido en las diferentes reuniones políticas, una doble vía de acceso acorde con las directivas europeas y cuyos principios están claramente recogido en la mencionada sentencia del 19 de marzo del TJUE .Pero esta era rechazada por aquello de la igualdad, mérito y capacidad, la supuesta inconstitucionalidad de la medida y la obstinación de la administración sindicatos afines en defender sus intereses empresariales y no cumplir las sentencias del TJUE

La doble vía planteada por SINTTA

   - La ordinaria para las plazas vacantes resultantes de la reposición, fallecimientos, concursos de traslados y recogida en el TREBEP, pero incumplida de forma sistemática por la administración en cuanto a los plazos de convocatoria y el número de plazas ofertadas. Tenemos claro que la ley ya existía solo había que cumplirla. La reforma del TREBEP es una cortina de humo, si la administración incumplío de manera sistemática con el anterior, ,¿quién nos asegura que se cumplirá con las reformas?

 - La de estabilización mediante una regulación administrativa como la propuesta en el informe de Dña. María Emilia Casas a través de la figura del trabajador/a “indefinido a extinguir”. En definitiva, la estabilización en el puesto de trabajo como sanción al fraude laboral cometido durante décadas acorde a las directivas europeas y las sentencias del TJUE, de obligado cumplimiento por toda institución del reino de España.

Esta organización no ha defendido el mal llamado concurso de méritos, por justamente lo que estamos observando, la politización del proceso sujeto a intereses sindicales y políticos en lugar del interés del trabajador abusado. Jugando con aquellas baremaciones más acordes con sus intereses empresariales que darán como resulltado un procedimiento teledirigido hacia un perfil muy concreto de docente en abuso de temporalidad.

Administración y sindicatos afines siempre hablan de plazas, nosotros de personas. 

Las plazas no son las abusadas, las personas sí. 

El resarcimiento del abuso es sobre la persona abusada no sobre la plaza como vienen indicando la numerosa jurisprudencia al respecto.  

Durante estos años, la administración con el consentimiento de los sindicatos afines ha ido convocando procesos selectivos ordinarios y los mal llamados de estabilización, fruto del fracasado ACUERDAZO que las mismas organizaciones sindicales firmaron junto con el señor Montoro. Ambos procedimientos de acceso presentaban idénticos criterios de selección y como se ha demostrado tenían como único objetivo diluir en los procesos a las personas en situación de fraude laboral, evitar el reconocimiento de su abuso, así como el resarcimiento de sus víctimas y de paso esquivar la sanción a la administración incumplidora.

SiNTTA ha solicitado y promovido el retraso de estos procesos selectivos en la administración asturiana mientras estas plazas en fraude de ley no estén claramente fiscalizadas para su exclusión de los procesos selectivos celebrados, por ser contrarios al TREBEP, a las directivas europeas y la jurisprudencia del TJUE. Ver entrada SINTTA solicita la SUSPENSIÓN de las OPES DE ESTABILIZACIÓN en las Consejerías del Principado de Asturias

Los borradores del nuevo Real Decreto (RD) de acceso a la función pública docente que nos llegan desde la mesa de negociación y que en principio tienen por objetivo asentar al personal interino por una doble vía o acceso diferenciado pone de manifiesto que la doble vía tiene encaje constitucional como SINTTA ha venido defendiendo desde el inicio, pero lo que se está negociando, nada tiene que ver con las reivindicaciones de nuestra organización. 

En estos borradores los pirómanos y generadores del problema, se proponen a actuar ahora de bomberos sugiriendo vías que les permitan tener el control del fuego mediante el control político de las ofertas de empleo. Opciones que no sancionan a la administración infractora, ni garantizan la estabilidad en el empleo de las víctimas del fraude laboral, al ser procedimientos de libre concurrencia y no restringidos.

Así proponen:

Una primera vía ordinaria donde se mantiene el concurso-oposición para las vacantes de “reposición”, pero con una serie de modificaciones respecto al concurso-oposición al que nos tenían acostumbrados, pero se asemejan mucho al de otros periodos transitorios

 -. Las pruebas no serán eliminatorias – Se requerirá una nota mínima de 5 entre las dos
 -. Se elimina el práctico para el grueso de especialidades.

 -. La parte segunda de la prueba se simplifica pudiendo elegir entre la defensa de la programación o la exposición de una unidad didáctica, etc.
 -. Las oposiciones de 2022, 2023 y 2024 se realizarán bajo esta regulación salvo en las comunidades donde ya están convocadas o las convoquen antes de la entrada en vigor del nuevo RD.

Como en otros periodos transitorios, no hay compromiso ninguno de cifras y queda en manos de cada comunidad autónoma el número de vacantes a ofertar y la aplicación del decreto de acceso. Con la experiencia de procesos transitorios anteriores, en este, se vuelve a prometer llegar a una tasa de temporalidad del 8%. Promesa que rápidamente será olvidada en el baúl de las buenas intenciones cuando los intereses póliticos y económicos de la propia administración y sindicatos afines peligren.

Una segunda vía extraordinaria “de estabilización“ mediante concurso de méritos, fijando administración y sindicatos afines unas condiciones acordes a sus propios intereses con las que no estamos de acuerdo.

1-. Han establecido la fecha 2012 para algunos méritos de manera arbitraria, con el fin de esconder sus vergüenzas, (recordar que la crisis financiera y las restricciones al empleo público comenzaron en 2008). Haciendo creer a la opinion pública que el fraude de la contratación es cosa del ejecutivo del PP, obviando su  existencia con anteriores ejecutivos y el incumplimiento sistémico en las plazas ofertadas, (un 60% inferior a lo necesario) y las nulas opciones en algunas especialidades

Al menos seria coherente establecer como fecha la del incumplimiento efectivo de la directiva 1999/70.

2-. Las plazas de estabilización no serán restringidas, parece ser que, aunque el fraude laboral lo comete la Consejería de educación asturiana, sobre sus propios trabajadores/as de los centros públicos no concertados, el único resarcimiento que se les plantea a estos trabajadores abusados es un concurso de méritos en el que tendrán que competir con aspirantes de diversas CCAA que podrán optar a presentarse en el Principado de Asturias para alcanzar una plaza de estabilización, aunque en su vida hayan trabajado para la administración asturiana. 

Por otro lado, no cierra la puerta a que compitan profesionales provemientes de la enseñanza concertada de las distintas CCAA y mantenida con fondos públicos.

Algo totalmente fuera de toda lógica en la empresa privada y contrario a la jurisprudencia del TJUE que establece que estos procesos de resultado incierto no son sanción al abuso cometido. Se resarce a la persona concreta que ha sido abusada, no se la da un boleto para participar en un concurso donde si tiene suerte obtendrá su resarcimiento.

3-.  Los baremos establecidos son arbitrarios y dejan otra vez en evidencia las verdaderas intenciones de la administración y los sindicatos afines con respecto a los interinos de larga duración, actuando por obligación legal, (que no por convencimiento), bajo los mismos principios rectores que han seguido durante estas últimas décadas y que son germen de esta situación. 

No es de recibo la limitación de méritos en un concurso de méritos, salvo que se intente teledirigir la selección del personal hacia un perfil concreto.

4-. No hay criterios claros que determinen que trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a utilizar este procedimiento de acceso. Las declaraciones póliticas de la administración educativa y sindicatos afines dejan en entredicho el límite de los 3 años en fraude marcado por el Tribunal Supremo y hace que las cifras sobre los trabajadores afectados varíen (siempre al alza), en funcion del interlocutor.

Sin inspección y saber el número de afectados es complicado poner en práctica cualquier medida correctora. Salvo que la intención sea la de maquillar la situación de abuso y reducir la oferta de este sistema a la mínima expresión de sus posibilidades.

5-. No se aclara si este procedimiento será excluyente de la vía ordinaria.

Por lo expuesto, desde SINTTA manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de modificación del Real Decreto 276/2007 planteada por el Ministerio. Demandamos a la Consejería de Educación del Principado de Asturias que haga valer los derechos del profesorado asturiano y plante cara a las intenciones del Ministerio de Educación. Lo contrario podría suponer un desastre de proporciones épicas para el profesorado interino asturiano

Para finalizar, hay que comentar que todo esto no va de opiniones, ni de situaciones personales (muy variopintas) y ni tan siquiera de acceso a la función pública. Esto va de cumplir con las leyes y lo firmado por todos los estados miembros de la Unión Europea, el gobierno y los sindicatos. Va de derechos de los trabajadores y de cómo la patronal (la administración española), con la ayuda necesaria del sindicalismo amarillo los pisotea, incumpliendo las propias leyes que se ha dado, las directivas y sentencias europeas de obligado cumplimiento.

Los sindicatos traidores nos venderán como logro un acuerdo que nunca buscaron, pero cuando se ha destapado el fraude, han intentado llevar a su terreno. TRAICIÓN a los DERECHOS de los TRABAJADORES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN, unos derechos que no necesitaban de ninguna ley, de ninguna negociación y de ningún debate político. Sólo necesitaba de unos políticos y sindicalistas honestos que cumpliesen con lo firmado en Europa hace 20 años, pero que en ningún momento les interesó, ni quisieron cumplir. 

Con ello permiten a la patronal realizar un ERE encubierto en la administración que desde el principio todos hemos visto que tiene por objetivo sustituir personal con experiencia demostrada, por otro más joven, más barato y manejable y que eufemísticamente denominan redimensionamiento de la administración.

Desde el colectivo de trabajadores en fraude de contratación temporal, se exige una estabilidad presente y futura para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han estado tirando del carro de la administración en los tiempos más díficiles que ha conocido este reino y para aquellos que se incorporaran en un futuro próximo. 

El colectivo invoca el cumplimiento de la directiva europea, mientras estos sindicatos traidores que ya firmaron en su día con Montoro buscaron otra opción que no terminase con su negocio de cursos, afiliación interesada por cursos más baratos, etc..... y  que permita prolongar en el tiempo la situación, pues sin sanción disuasoria la experiencia nos dice que la situacion se repetirá cíclicamente.

Estos sindicatos venderán como logro la mayor tradición que se haya cometido en este país a un colectivo de más de 1.000.000 de trabajadores en activo.

AHORA SEGUIMOS SENTADOS, CALLADOS 

Y EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LES VOTAMOS.

 

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