Hoy día 29 de diciembre de 2021 se publica en el BOE la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (procedente del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio ICETAZO) VER BOE

¿Será una inocentada, o simplemente una nueva tomadura de pelo de la clase política que nos dirige?

La Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público es sin duda alguna una de las construcciones legales más chapuceras en la historia de la democracia española

1. La ley se aprueba a lo "Juan Palomo". Administración y sindicatos afines generadores del problema , mediante esta ley se conjuran a que la cosa no se volverá a repetir "y lo juran por Snoopy", con mucho ruido y pocas nueces. De espalda al personal afectado del mayor fraude laboral en la historia de este País y por supuesto sin escuchar, ni dialogar con el colectivo que sufre el fraude de ley por abuso en la contratación temporal en todas las administraciones públicas.

2. Lo preocupante, es que sigue sin asumir la directiva 1999/70 de la UE y las sentencias y autos del TJUE. Por lo que nos tememos esta ley quedara en nada, como paso en el caso Italiano. Porque entre otras cosas sigue sin asumir sanción alguna a la propia administración y unas indemnizaciones eficaces, proporcionales y disuasorias para los afectados como ya ha remarcado el TJUE es su ya numerosa jurisprudencia.

3.  No asumiendo la responsabilidad generada, al no disponer las leyes nacionales de una sanción pertinente, por lo que, correspondería la asunción de la fijeza del personal afectado por el fraude.

5. Que no se consolida al personal afectado, se consolidan plazas.

6. Que la comparativa adoptada en el sector privado es razonablemente muy diferente, y fue radicalmente adoptada con una celeridad inusual y aplicando la correspondiente sanción. En lo privado si se cumple normativa de la UE, en lo público NO.

7. Que se genera en el personal afectado por el fraude, una diferenciación presuntamente ilegal, vulnerando los derechos adquiridos por todo el personal afectado, al infligir las distintas administraciones públicas la directiva 1999/70, durante los últimos 20 años.

8. Que la ley aprobada debería regularizar al personal afectado, con procedimiento específico al personal en fraude de ley por abuso de la contratación temporal en las distintas administraciones públicas.

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